La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) finalmente acató la orden judicial y levantó la suspensión de aproximadamente 15.000 pensiones por invalidez en Formosa, pero estableció como condición que los beneficiarios presenten documentación médica actualizada en un plazo de tres meses para mantener el beneficio.
La medida fue confirmada por la asesora legal de la Defensoría del Pueblo, Ana Laura Gómez, quien explicó en diálogo con FM 88.5 que “la orden judicial es hacerlo en el menor plazo posible y con efecto retroactivo”, lo que significa que los beneficiarios cobrarán también los meses adeudados.
El conflicto se originó en marzo cuando ANDIS inició auditorías médicas en la provincia que fueron calificadas como irregulares por la Defensoría del Pueblo y la Asociación Civil Azul. “Muchos de los beneficiarios no recibieron las citaciones y este es el motivo por el que en el mes de julio empezaron a suspender los beneficios“, detalló Gómez.
La situación se agravó porque las auditorías se realizaron únicamente en 11 puntos de la provincia, obligando a beneficiarios del interior a trasladarse grandes distancias. “En muchos casos eso era imposible“, señaló la letrada.
Según datos oficiales, 27.191 telegramas de citación no llegaron a destino, lo que generó que miles de personas se encontraran sin previo aviso con sus beneficios suspendidos al momento de cobrar en julio, agosto o septiembre.
Tras la acción de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo y la Asociación Civil Azul, la jueza federal Belén López Macé ordenó en agosto una medida cautelar que disponía el depósito de los fondos en 24 horas. Como ANDIS no cumplió en tiempo y forma, el juzgado aplicó una multa de 100.000 pesos por día de incumplimiento.
La resolución judicial estableció un plazo de tres meses para que los beneficiarios regularicen su situación, período que comenzó a correr el 19 de agosto. “Le quedarían 60 días a esta gente para presentar” la documentación requerida, precisó Gómez.
Los beneficiarios no necesitan realizar ningún trámite para volver a cobrar, pero sí deben cumplir obligatoriamente con la presentación de documentación médica actualizada. “Todos los beneficiarios tienen que presentar porque fue precisamente la orden que dio la jueza”, enfatizó la asesora legal.
La documentación debe incluir una historia clínica del año 2025 y puede complementarse con estudios médicos de 2024 o 2023. “Los beneficiarios tienen que acreditar que hoy en día tienen la incapacidad que les impide trabajar“, explicó Gómez.
La abogada advirtió que incluso aquellos beneficiarios a quienes no se les suspendió el pago pero no asistieron a la auditoría médica también deben actualizar su documentación para evitar futuros cortes.
