Lejos de desmentir la creciente preocupación social por el éxodo formoseño, un informe difundido por la consultora Politiké —identificada por su afinidad con el oficialismo y vinculada a los hermanos Muraccioli, cercanos al gobierno de Gildo Insfrán— terminó corroborando una realidad innegable: en la última década, más formoseños dejaron la provincia de los que llegaron.
Basado en datos oficiales del RENAPER y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el estudio detalla que entre 2012 y 2022 emigraron 47.671 personas, mientras que solo 46.163 llegaron a instalarse en Formosa.
Si bien la consultora intenta relativizar el fenómeno alegando un “equilibrio” en los flujos migratorios, el propio informe reconoce el saldo negativo, lo que equivale a una pérdida neta de habitantes. La cifra es todavía más llamativa al observar que en apenas dos años recientes el número de emigrantes rozó los 50 mil.
El informe fue publicado en el medio favorito del Gobierno provincial: El destape del periodista militante-kirchernista Roberto Navarro, beneficiado con una millonaria pauta que sale de los bolsillos de los formoseños.
El intento de mostrar a Formosa como una provincia receptora se desdibuja cuando se pone en contexto: los datos exhiben, una vez más, la constante expulsión de población por falta de oportunidades económicas, laborales y educativas. Aunque Politiké resalta que parte de los nuevos residentes provienen de provincias como Buenos Aires, Chaco o Salta, el hecho de que más ciudadanos partan que lleguen refleja la falta de oportunidades laborales y un modelo que no logra ofrecer un futuro.
A pesar del esfuerzo oficial por maquillar cifras con discursos técnicos, los números hablan por sí solos. La política de Estado que se jacta de inclusión y desarrollo no logra revertir la tendencia migratoria. La Formosa que expulsa sigue ganándole terreno a la Formosa que recibe.
