El artículo 7° de la Constitución de Formosa reconoce el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información del Estado. Sin embargo, en la práctica, ese derecho no tiene garantías: Formosa es una de las tres provincias del país que aún no cuenta con una ley de acceso a la información pública.
Esta falta de normativa, sumada a la ausencia de portales digitales funcionales y casos documentados de corrupción, la ubican en el último lugar del Ranking de Transparencia en Provincias Argentinas 2025 realizado por Ethix.
El informe, que evalúa criterios como la existencia de leyes de acceso a la información, la digitalización de los procesos de licitación, la facilidad de acceso a datos y la existencia de casos de corrupción, revela que mientras provincias como CABA y Mendoza lideran con modelos digitales auditables y normativa avanzada, Formosa ni siquiera ha iniciado el camino hacia una apertura mínima de su gestión pública.
“No se tiene registro de ninguna iniciativa en curso para la presentación de un proyecto de ley que regule el acceso a la información pública en la provincia”, destaca el reporte, que también señala que Formosa no integra el Consejo Federal para la Transparencia, órgano clave para coordinar políticas en la materia.
Esto contrasta con los avances en otras jurisdicciones. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, dispone de portales interactivos donde los ciudadanos pueden seguir en tiempo real las licitaciones públicas, revisar los contratos adjudicados y conocer a los oferentes. En Mendoza, incluso se han implementado auditorías externas automáticas con inteligencia artificial para prevenir irregularidades.
En Formosa, por el contrario, los procesos licitatorios continúan siendo opacos y en muchos casos inaccesibles para la ciudadanía o los medios. Según Ethix, este tipo de prácticas “generan un caldo de cultivo perfecto para el desvío de fondos públicos y la manipulación de los procesos de contratación”, al punto de calificar la situación como corrupción sistémica.
El informe también resalta que “la voluntad política y el compromiso con la transparencia son condiciones necesarias” para lograr cambios estructurales. En Formosa, esa voluntad no se ha manifestado ni con hechos ni con discursos: ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo han dado señales de avanzar en una ley clave para garantizar el derecho ciudadano a saber cómo y en qué se gasta el dinero público.
La digitalización de los procesos de compra tampoco figura entre las prioridades del gobierno provincial. Según Ethix, la provincia carece de plataformas integrales que permitan seguir el ciclo completo de las licitaciones. La información, si existe, está dispersa, desactualizada y presentada de manera poco accesible.
Esta situación no solo afecta la confianza pública, sino que también ahuyenta a posibles oferentes privados, que enfrentan un sistema burocrático, cerrado y sin reglas claras. La falta de transparencia genera un mercado poco competitivo y con altos márgenes para la discrecionalidad.
Las recomendaciones del informe son claras: sancionar una ley de acceso a la información pública, digitalizar de forma urgente el sistema de compras estatales, promover la auditoría externa y garantizar mecanismos de participación ciudadana. Sin estos pasos, la brecha entre Formosa y las provincias más transparentes seguirá ensanchándose.