En las primeras horas del miércoles, un grupo de diez mujeres junto a sus hijos se instaló en un terreno ubicado en el barrio 6 de Enero, reclamando una solución habitacional ante la falta de respuestas del Estado. “No tenemos donde vivir, estamos anotadas hace años en los programas de vivienda y no pasa nada”, expresó Antonella, una de las ocupantes, en diálogo con Algo está pasando.
Las mujeres relataron que algunas de ellas ya han intentado esta medida en ocasiones anteriores, pero solo recibieron promesas incumplidas. “Nos dijeron que iban a llamarnos, que iban a mandar asistentes sociales para ver nuestra situación, pero nunca sucedió nada“, agregó Nadia, otra de las manifestantes, quien aseguró estar hace seis años en lista de espera para acceder a una vivienda.
La situación de estas familias es crítica. Antonella, madre de un niño de tres años, señaló que debe desocupar su vivienda alquilada porque no puede afrontar el aumento del alquiler. “Pago 100.000 pesos y como soy sola no me alcanza. Trabajo con mi mamá, pero el sueldo no cubre los gastos”, explicó. Nadia, por su parte, tiene cuatro hijos y enfrenta la misma problemática. “Los alquileres están a partir de 100.000 pesos y muchas veces no aceptan chicos”, indicó.
El lugar fue rodeado por un fuerte operativo policial, con efectivos que impidieron el ingreso de más personas y materiales al predio. “Nos rodearon como si fuéramos delincuentes, cuando solo queremos un lugar para vivir”, denunció una de las madres.
Con el correr de las horas, personal del Ministerio de la Comunidad, Espacio Eco, arribó al sitio para dialogar con las manifestantes y les ofreció opciones de alquileres “económicos”, aunque sin garantizarles una solución definitiva. “Nos dicen que esperemos, pero ya esperamos demasiado. No podemos seguir en la calle”, lamentó una de las mujeres.
“Tenemos los CDI donde pueden dejar a los niñitos y buscar un trabajo. Obviamente que no te va a alcanzar, pero hay que hacer otra para poder nosotros pagar nuestros gastos“, le recomendó una de las representantes del Ministerio de la Comunidad a las ocupantes del terreno.
El conflicto continuaba con la toma de un terreno, que seria fiscal, en medio de un fuerte operativo policial y se esperaba la intervención de Niñez y Adolescencia para evitar la presencia de los niños en el lugar.