El senador nacional Francisco Paoltroni, exLa Libertad Avanza, rechazó este viernes la reforma de la Constitución de Formosa que promueve el gobernador Gildo Insfrán y le pidió al presidente Javier Milei que intervenga la provincia.
La Legislatura formoseña aprobó este jueves por la tarde con 20 votos a favor y 10 en contra un proyecto impulsado por el Ejecutivo para reformar la Carta Magna provincial.
La Corte Suprema tiene en sus manos varias causas pendientes iniciadas por dirigentes opositores que considera inconstitucional la permanencia del gobernador peronista en el poder, que data de 1995.
En ese marco, Paoltroni manifestó en sus redes: “Presidente Javier Milei, la reforma de la Constitución en Formosa viola la garantía de la forma republicana de gobierno. Es momento de hacer lugar al artículo 6 de la Constitución Nacional y se intervenga la provincia para restablecer el respeto a los principios democráticos y la alternancia en el poder”.
“No podemos seguir permitiendo que se consolide un régimen que atenta contra los derechos de los formoseños“, reclamó el senador junto a un fragmento de una entrevista de Milei durante la campaña presidencial donde este anticipaba una intervención a la provincia norteña. “Preparate, Gildo”, advierte el ahora jefe de Estado en el video.
“El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”
Artículo 6° de la Constitución Nacional¿Cómo funciona el proceso de intervención federal?
La intervención federal es una herramienta contemplada en la Constitución Nacional, artículo 6, para garantizar el funcionamiento republicano de las provincias. Este proceso se desarrolla en varias etapas, las cuales buscan asegurar una respuesta legal y controlada por el Congreso Nacional:
- Solicitud del Ejecutivo y análisis del Congreso
El proceso de intervención comienza cuando el Poder Ejecutivo Nacional detecta razones para la intervención (como la violación de la forma republicana de gobierno o la alteración de los derechos democráticos) y remite un proyecto de intervención al Congreso. El Congreso analiza las circunstancias para decidir si la intervención es necesaria. En situaciones de urgencia, el presidente puede disponer la intervención mediante un decreto, que luego debe ser ratificado por el Congreso.
- Aprobación de la Ley de Intervención
Si el Congreso decide que la intervención es justificada, aprueba una Ley de Intervención. Esta ley define los términos específicos de la intervención, el alcance y los objetivos, que suelen centrarse en restablecer el orden institucional, la legalidad y la transparencia democrática. Además, fija el tiempo de duración de la intervención y las facultades del interventor.
En el Congreso Nacional, para aprobar una intervención federal en una provincia, no se requiere una mayoría especial. La decisión de intervención se toma por mayoría simple en ambas cámaras, es decir, el 50% más uno de los votos de los legisladores presentes en cada cámara (Diputados y Senadores). Esto facilita la aprobación en casos donde se considera urgente restablecer el orden constitucional.
- Nombramiento de un interventor federal
Tras aprobarse la ley, el Ejecutivo designa un interventor federal, que asume el control de las instituciones provinciales, incluyendo la administración del poder ejecutivo, y, en algunos casos, el poder legislativo provincial. La figura del interventor sustituye temporalmente a las autoridades locales desplazadas para garantizar el orden y restablecer la legalidad.
- Implementación de medidas correctivas
El interventor tiene la autoridad para realizar cambios en la administración provincial, asegurarse de que las instituciones vuelvan a operar bajo un marco republicano y democrático, y garantizar la alternancia y participación política de manera igualitaria.
- Restitución de la autonomía provincial
Una vez que se cumplen los objetivos de la intervención, el interventor se retira, y el gobierno provincial, por lo general, convoca a nuevas elecciones para restituir la legitimidad de las autoridades locales.
