El Gobierno nacional oficializó la adjudicación de la licitación de la Hidrovía al consorcio Jan de Nul–Servimagnus y calificó el cierre del proceso como un “éxito”, en el marco de la estrategia de privatización de una de las vías fluviales más importantes para el comercio exterior argentino.
La decisión fue comunicada por el Ministerio de Economía a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que confirmó la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC. Según el Ejecutivo, la oferta ganadora fue la mejor evaluada en términos técnicos y económicos, lo que habilita una concesión por 25 años prorrogables.
Sin embargo, el anuncio se produce en un escenario marcado por fuertes cuestionamientos al proceso licitatorio. Informes técnicos y documentos reservados advierten sobre posibles irregularidades en el pliego, presunto direccionamiento de la adjudicación, conflictos de interés en el comité evaluador y un esquema de costos y peajes que habría limitado la competencia real entre oferentes.
En ese marco, el Gobierno de Javier Milei sostiene que la privatización permitirá una “nueva etapa de inversión privada” sobre la Hidrovía, por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino. Desde Casa Rosada remarcan que el Estado mantendrá funciones de control, aunque sin intervención directa en la gestión operativa.
Uno de los puntos políticos más relevantes del comunicado oficial es la mención al respaldo de distintas jurisdicciones provinciales. Según el Ministerio de Economía, provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa habrían expresado conformidad con la finalización del proceso, al considerar que se respetaron criterios técnicos y estándares de transparencia.
Este punto cobra especial relevancia en el plano político, ya que desde el entorno del gobernador formoseño Gildo Insfrán no hubo confirmaciones públicas recientes sobre ese aval, en un contexto donde la relación entre la administración provincial y el Gobierno nacional atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión.
De hecho, el vínculo entre Insfrán y el presidente Javier Milei se mantiene fuertemente enfrentado desde el inicio de la gestión libertaria, con cruces institucionales por el rol del Estado, la coparticipación y la política de obras públicas. La referencia del Ejecutivo a un supuesto apoyo formoseño reaviva ese contrapunto político.
En paralelo, el proceso de adjudicación continúa bajo observación judicial y administrativa, con investigaciones abiertas sobre el procedimiento licitatorio y denuncias cruzadas entre empresas participantes. A ello se suman cuestionamientos por el diseño del pliego, el sistema de evaluación y el impacto del esquema tarifario sobre los costos logísticos.
Pese a las controversias, el Gobierno defendió la licitación y aseguró que la firma del contrato se concretará en un plazo de 30 días, habilitando obras de dragado, modernización tecnológica y medidas de control en la navegación.
