En medio del debate legislativo por el aumento de penas para las falsas denuncias, Formosa quedó incluida entre las provincias que no aportaron datos al informe elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, que concluyó que este tipo de delitos constituye un “fenómeno marginal” dentro del sistema penal argentino.
El Observatorio de Violencia de Género (OVG) de los Ministerios Públicos de Argentina fue creado en noviembre de 2015 bajo la órbita del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales y el Consejo Federal de Política Criminal.
El responsable del ministerio Público en Formosa esta a cargo del Procurador Fiscal, Sergio López.
El estudio analizó más de 8,2 millones de investigaciones penales registradas entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones del país y determinó que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total, es decir, una causa cada mil expedientes penales.
Las jurisdicciones que no respondieron al pedido de información fueron Formosa, Catamarca, Corrientes, Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tucumán.
El informe tomó relevancia luego de que la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado avanzara con el proyecto impulsado por Carolina Losada, que propone endurecer las penas por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento, especialmente en causas vinculadas a violencia de género, delitos sexuales y menores de edad.
Actualmente, el Código Penal prevé penas de dos meses a un año de prisión para las falsas denuncias. La iniciativa busca elevarlas a entre uno y tres años de cárcel y hasta seis años en casos de violencia de género o delitos contra la integridad sexual. Además, las condenas pasarían a ser no excarcelables.
Desde el Observatorio advirtieron que “la instalación de la idea de una supuesta proliferación de denuncias falsas no tiene sustento empírico” y alertaron que un endurecimiento de penas podría desalentar denuncias reales y reforzar estereotipos de género.
El relevamiento también mostró un aumento en la cantidad de casos registrados: pasaron de 1845 en 2023 a 3142 en 2025. Sin embargo, aun con esa suba, siguen representando menos del 0,1% del total de expedientes penales.
Los autores del informe remarcaron además que existe un “déficit de información” en varias provincias y sostuvieron que el problema central no es la magnitud del fenómeno, sino la falta de registros completos y uniformes en el país.
El debate ya generó críticas de organizaciones de derechos humanos y especialistas, que consideran que la iniciativa podría profundizar el subregistro de delitos sexuales y de violencia de género, donde actualmente la mayoría de las víctimas no denuncia.
