El reclamo por los fondos previsionales volvió a tensar la relación entre el gobierno de Formosa y la administración nacional. La provincia sostiene que la Nación mantiene una deuda millonaria con su sistema jubilatorio, pero desde el Gobierno central relativizan el monto y señalan que el proceso de auditoría aún está en curso.
De acuerdo con datos oficiales, la Caja de Previsión Social de Formosa no recibió transferencias correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025, en el marco de la Ley 27.260 del programa de reparación histórica para jubilados y pensionados.
En ese contexto, el déficit acumulado entre 2020 y 2025 asciende a $272.476.074.265,70 sin actualización, cifra que la provincia reclama como deuda de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El ministro de Economía formoseño, Jorge Ibáñez, cuestionó al Gobierno nacional y denunció que desde la asunción del presidente Javier Milei “no envían los fondos que por ley del Congreso les corresponden a 13 provincias” que, como Formosa, no transfirieron sus cajas previsionales al sistema nacional. En ese sentido, recordó que la provincia continúa aportando el 15% de la masa coparticipable al financiamiento del sistema previsional nacional.
Ante la falta de respuestas, la administración provincial avanzó con una presentación judicial que actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “El máximo Tribunal tiene sus tiempos que no son los mismos que el de las necesidades de la gente”, advirtió Ibáñez, marcando la urgencia del reclamo.
Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano ofrecieron una versión diferente sobre el estado de la deuda, de acuerdo a lo expresado en el informe de la Jefatura de Gabinete presentado en Diputados.
Según explicaron, el compromiso de la ANSES es cumplir con el Consenso Fiscal de 2017 y garantizar el financiamiento a las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales, pero aclararon que en el caso de Formosa recién en marzo de este año se recibió la información completa necesaria para avanzar en la auditoría del ejercicio 2021.
Ese punto es central en la discusión: para la Nación, sin datos consolidados no es posible determinar con precisión los déficits ni, en consecuencia, los montos a transferir. Por eso, remarcan que el cálculo de las compensaciones es una tarea técnica exclusiva de la ANSES, que debe estimar los desequilibrios como si el sistema provincial hubiese sido transferido al Estado nacional.
En esa línea, desde el Gobierno nacional también pusieron en duda la cifra difundida por la provincia, al señalar que no existe una norma que obligue a transferir montos basados en estimaciones propias de las jurisdicciones. “Toda deuda que se determine fehacientemente y sobre la cual se llegue a un acuerdo será honrada, de acuerdo a las posibilidades fiscales y presupuestarias”, indicaron fuentes oficiales.
Así, el conflicto se mantiene abierto en dos planos: el político, con acusaciones cruzadas por el incumplimiento de obligaciones legales, y el técnico, atravesado por auditorías pendientes que comenzaron a destrabarse recién en marzo. Mientras tanto, el financiamiento del sistema previsional formoseño sigue dependiendo de recursos provinciales, en medio de una disputa que aún no tiene fecha de resolución.
